El despacho tiene los siguientes ámbitos de actuación:

· Defensa de los derechos fundamentales ante cualquier jurisdicción, ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

· Constitucionalidad de leyes estatales o autonómicas y de disposiciones y actos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

· Delimitación de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Relaciones jurídicas y conflictos con y entre todas las Administraciones Públicas.

· Relaciones jurídicas y conflictos con todo el sector público estatal, autonómico o local y con los Organismos Reguladores.

· Sectores regulados (energético, eléctrico, sanitario y farmacéutico, telecomunicaciones, financiero): estudio e informe de nuevas regulaciones y, en su caso, negociación de nuevos proyectos normativos; emisión de dictámenes a efectos de planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad contra normas de rango legal; y actuaciones contenciosas contra nueva normativa, incluyendo la vía administrativa, la contencioso-administrativa y la constitucional (recurso de amparo o cuestión de inconstitucionalidad).

· Arbitraje nacional e internacional. Con experiencia en conflictos jurídicos ante organismos internacionales.

· Derecho de la competencia.

· Contratación pública y privada de las Administraciones, concesiones y subvenciones. Derechos reales administrativos y propiedades públicas: aguas, costas, puertos, montes, etc. Expropiación forzosa y Derecho sancionador.

· Asesoramiento y llevanza de pleitos civiles y mercantiles.

A cada cliente le ofrecemos un servicio personalizado en función de sus necesidades:

· A empresas en sectores regulados, les aportamos un servicio de la máxima especialización y calidad en materia constitucional y regulatoria.

· A PYMES y patrimonios familiares, les ofrecemos un servicio de confianza para la llevanza personal de sus asuntos: asesoramiento civil, mercantil y administrativo y ejercicio de acciones y defensa en juicio en procesos civiles o contencioso-administrativos.

· A las Administraciones y Entidades Públicas, el despacho las asesora en conflictos que afecten a los órdenes constitucional y estatutario de distribución de competencias y en la elaboración de sus proyectos normativos; así como en los procesos constitucionales que pretendan entablar.

· A otros despachos que deseen ofrecer a sus clientes una especialización máxima en materia constitucional y/o acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.